Desde las guerras de independencia, los pueblos de América, hemos sabido de cientos de Asambleas Constituyentes que asumieron, en su momento, la tarea mesiánica de establecer la justicia y el progreso por el sólo hecho de establecer un texto constitucional, conjunto de bellas declaraciones que en nada solucionaban los problemas sociales del continente. En los años recientes, el populismo izquierdista en el cono sur ha revivido esta creencia ingenua que, de una nueva Ley Fundamental, podía surgir la construcción instantánea de un nuevo orden político y social revolucionario.
Pero, los hechos han demostrado -les pese a los Chavez y a los Correa- que las masas de sus países no aparecen comprometidas con los respectivos proyectos políticos, sino solamente con el asistencialismo estatal, mientras se siguen moviendo en las coordenadas políticas del sistema liberal, confiando en que los gobiernos elegidos por sufragio universal les solucionen los problemas diarios, sin asumir los desafíos de la autogestión y el ya trillado “poder popular”.
Y es que las recientes Asambleas Constituyentes, con toda el bullicio que han traído, siguen originándose y funcionando bajo los mismos criterios que un parlamento liberal cualquiera, sólo que con poderes mucho mayores. Con los mismos vicios y reyertas de la clase política tradicional, más la prepotencia demagógica de los caudillos en ascenso, dichas asambleas son verdaderos “monos con navaja” de las cuales podrá salir, en el mejor de los casos, un texto muy bonito pero letra muerta en la práctica, jamás un nuevo Estado.
Por ello sigue sin solución el problema de qué forma se construye un nuevo orden institucional a partir de un gobierno con pretensiones revolucionarias lo cual, exige, en el planteamiento nacionalsindicalista revolucionario, el precisar cómo integramos a la comunidad nacional, que conquista el poder del viejo Estado, en el proceso de edificar uno nuevo, más allá de las buenas intenciones.
Lo que no se ha entendido es que, una cosa es construir las nuevas instituciones políticas hasta lograr su desarrollo y consolidación, y otra, muy distinta, es consagrar dichas instituciones en un texto jurídico fundamental, ya que lo primero exige un trabajo largo y paciente de legislación, de preparación de los ciudadanos y funcionarios para hacer marchar procedimientos y organismos inéditos en la práctica política, un trabajo que claramente no puede ser realizado en un par de meses por una reunión de políticos profesionales.
Respondiendo a este desafío, entendemos que debe generarse una institución representativa de toda la Nación, organizada en sus cuerpos sociales, y que se encuentre investida de los poderes constituyentes supremos para proceder a la completa reestructuración del Estado, a la construcción de un nuevo sistema político, siendo el instrumento de expresión del poder conquistado por la Nación y al cual debe subordinarse el gobierno revolucionario, como ejecutor de las nuevas leyes constitucionales. Dicho organismo efectivamente debe ser una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pero configurada de modo radicalmente diferente a como han existido en el continente:
En cuanto a su integración.
Coherente con la doctrina nacionalsindicalista, la ANC debe estar integrada por representantes de los cuerpos sociales de la Nación, elegidos por las organizaciones de vecinos, trabajadores, estudiantes, profesionales, etc, coordinadas a nivel comunal y regional, bajo los principios de delegación y mandato imperativo. Ello exige establecer un sistema electoral al interior del movimiento social que permita la representación adecuada de las regiones y sectores económicos y culturales que busquen la formación del nuevo poder, lo que implicará una reestructuración continua hasta hallar el sistema más representativo posible.
Por tanto, la ANC es una prefiguración -un ensayo si se quiere- de las Cámaras corporativas del Estado Nacionalsindicalista y debe organizarse bajo criterios similares. Al famoso “poder popular” del que hablan algunos marxistas, nosotros le damos una expresión concreta: el foro nacional donde se integrarán los intereses concretos y legítimos del pueblo chileno, sin discriminaciones de origen o creencia. Las corrientes políticas pesarán por los delegados que las hagan valer, siempre sujetos al mandato de las bases.
En cuanto a la etapa de su inicio.
La ANC no puede constituirse posteriormente a la conquista del gobierno, sin perjuicio de que éste le de “validez” institucional. Debe estar operando desde ya durante el proceso revolucionario de lucha por el poder, dando mayor organización a los cuerpos sociales, forjando la autogestión, enlazando intereses y solucionando los posibles conflictos entre grupos. La existencia previa de la ANC como una representación nacional auténtica -en oposición a la falsa representatividad del parlamento liberal- es una garantía clara de que la conquista del poder será un acto consciente de la Nación organizada, y no el mero capricho de un partido o grupo conspirativo.
En cuanto a sus funciones después de conquistar el poder.
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Establecer las primeras leyes fundamentales -no un texto único- referidas a la organización municipal y regional, las organizaciones económicas y gremiales, el sistema educacional, y la estructura administrativa y judicial del Nuevo Estado. Este proceso debe partir de la realidad existente y considerando el grado de organización y autogestión alcanzado por la comunidad nacional.
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Establecer la nueva Constitución que define la naturaleza y funciones de los nuevos órganos políticos y del Estado como todo organizado. Esto sólo es posible una vez conformadas las nuevas instituciones, antes de lo cual sólo será posible dictar leyes constitucionales provisorias.
Como se puede apreciar, la ANC poseerá los más amplios poderes, por cuanto se trata no de “recauchar” el Estado liberal con injertos participativos, sino de construir un nuevo Estado desde abajo, y eso requiere convertirla en la expresión plena de la soberanía nacional. Sin perjuicio de ello, es conveniente que exista otro órgano legislativo colegiado elegido por la ANC y subordinado a ésta, que asuma las tareas de la legislación cotidiana, ya que no queremos convertir a sus delegados en políticos profesionales, idea que repugna a los nacionalsindicalistas.
En cuanto a la orientación política y programática.
La mayoría o la minoría más activa dentro de la ANC debe tener claridad sobre los objetivos políticos de construir el nuevo Estado, de acuerdo a nuestros lineamientos. En este aspecto la ANC es un sujeto activo de la revolución, pero también es un producto de ésta, pues se inscribe en la estrategia que los nacionalsindicalistas hemos trazado para Chile, por lo que tenemos el deber ineludible de difundir entre los activistas sociales nuestro proyecto político, nuestro esquema del nuevo Estado, para nunca perder el control del proceso.
Todo ello nos indica que la creación de la ANC es un proceso complejo, pues debe involucrar a todo el pueblo organizado, y un proceso largo, pues durará hasta la plena construcción del nuevo orden político. La Asamblea Constituyente de la Nación Chilena es una meta política necesaria para nosotros, pero no como una forma más del liberalismo a la cual rendir pleitesía, sino como una exigencia para que la Nación pueda darle forma legal a su proceso revolucionario.
HACIA LA VERDADERA ASAMBLEA DE LA NACION CHILENA, TAREA DEL NACIONALSINDICALISMO REVOLUCIONARIO