En medio de la investigación sobre el uso dado por las autoridades públicas a los denominados gastos reservados, el diario oficialista La Nación se ha preocupado en resaltar -por medio de una burda arquitectura “argumentativa”- lo ocurrido con dichos fondos durante el período del Régimen Militar, en la ya clásica jugada concertacionista del “empate moral” que tan buenos resultados le ha dado, anteriormente, con la Alianza. Como condimento importante de la entrega informativa, firmada por Andrés López Vergara y L. Ayala, aparece el MRNS en calidad de posible imputado. Y para deshacer el entuerto de los periodistas, conviene ponerles en claro las instituciones y los hechos.
El Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el Régimen Militar, estaba organizado en “divisiones”, entre las cuales estaban Organizaciones Civiles (con sus Secretarías Nacionales de la Juventud, de la Mujer, de los Gremios y de Relaciones Culturales) y Dinacos (División Nacional de Comunicación Social). El Instituto Diego Portales -de posterior creación- se ocupaba de dar capacitación al sector vecinal y a la propia Administración Pública, por medio de cursos y seminarios que se contrataban con los municipios. Hoy, la Segegob por medio de su ministro-vocero se dedica a entregar a la ciudadanía la “versión oficial” de lo que se debe creer que en Chile ocurre, manteniendo canales formales e informales con los medios de comunicación, tarea que antes cumplía la investigada Dinacos. Asimismo, las distintas reparticiones que integraron el antiguo ministerio se han “independizado” transformándose en Institutos o ministerios con presupuesto que sería una envidia para sus antecesores.
Cualquier persona, medianamente informada de la estructura estatal, comprenderá que un ministerio tiene un presupuesto “oficial” -basado en la estimación de gastos fijos y proyectos- que se rige según las disposiciones administrativas que se establecen en la ejecución del propio clasificador presupuestario. Y que, además, existe una cierta cantidad de dinero disponible para caso de necesidad denominada “gastos reservados” sobre cuya cuantía y modalidad de uso no se ha legislado suficientemente. Utilidad de dichos fondos: entregar “ayuda económica a los universitarios que vivían en hogares de estudiantes”; poner “a disposición de los jóvenes bolsas de trabajo”; conceder “becas para seguir cursos regulares en institutos profesionales”; soportar “todos los planes sociales para enfrentar el desempleo y la promoción del plan de construcción de viviendas”; además de financiar a organizaciones afines al color del mandatario de turno. Todo el detalle precedente forma parte de los “delitos” que se continúan cometiendo hoy mismo en todas las reparticiones públicas, cuya investigación se encuentra trabada tanto a nivel de la Cámara como de la propia judicatura.
En lo que dice relación a la Secretaría Nacional de los Gremios -no “General” como refiere el investigador López Vergara- efectivamente hubo personal que perteneció al MRNS, tanto como otros civiles que no lo eran. Su rol fundamental no era “financiar grupos nacionalistas” porque dado su limitado presupuesto no podría hacerlo sin incumplir su misión fundamental, que indudablemente, se dirigía a la creación o apoyo de las organizaciones sindicales, cuyos dirigentes fueran razonables en la perspectiva que el gobierno deseaba dar a las relaciones laborales. Y si Ramón Suárez dice haber tenido durante su gestión por constituidos unos 8.000 sindicatos reconocidos oficialmente, entonces habrá que conceder que el organismo cumplió en parte con su misión.
En medio de algunas informaciones, se deja entrever “un posible nexo para derivar fondos reservados hacia las campañas de RN y la UDI a fines de los 80”. Un pase realmente magistral pensará su autor, pero lo que llama la atención es la excelsa preocupación que se tiene por el énfasis en esclarecer lo ocurrido con los fondos públicos -sólo- entre 1980-1989. De paso, habrá que orientar al lector que cuando se habla de apoyo al GREMIALISMO no se trata del MRNS, ni tampoco de sindicatos y gremios, se trata de los miembros integrantes del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Y como la buenas historias necesitan de un héroe, sorpresivamente, aparece como agente fundamental en esta operación “manos limpias”, el senador PS Alejandro Navarro.
Sobre el monto de los gastos reservados se habla del explosivo aumento de ellos en el presupuesto nacional hasta 1988, pero se omite decir que “en democracia” éstos han mantenido un volumen idéntico que parece no estar justificado, salvo que se piense que también ahora son usados para financiar campañas políticas.
Llamativo resulta que en defensa de “Carlos Eugenio Beca, ex jefe de gabinete de José Joaquín Brunner en la Segegob, que fuera acusado por el ex diputado Jorge Schaulsohn de ser encargado de agilizar la entrega de fondos al PPD”, López Vergara nos presente el curriculum vitae del imputado como manifestación de su honorabilidad en el servicio público. En cuanto a la declaración de Ricardo Hormazábal, ex presidente del PDC, resulta obvio que el pacto de silencio funciona de maravillas.
Las exacciones al Erario Nacional por cuenta de personeros del Régimen Militar y de la Concertación son de conocimiento público y en la mayoría de las situaciones el ilícito permanece impune; cuando no, sus autores han recibido sanciones ridículas en comparación con los perjuicios ocasionados a la riqueza de la nación.
El financiamiento de entidades nacionalistas.
De forma bastante desprolija, López Vergara y Ayala tratan la información relacionada con personas o grupos nacionalistas que apoyaron, durante un tiempo o permanentemente, al gobierno militar, tratando de involucrar la misión de la Secretaría General de Gobierno en “la constitución y financiamiento del desaparecido partido Avanzada Nacional (PAN) y el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS)”, para posteriormente entregar una información que atribuye lo mismo a la CNI, en el mismo período de tiempo.
Avanzada Nacional
Su origen se encuentra en el grupo que daba vida a la revista nacionalista "Avanzada", cuyo financiamiento se obtenía -en parte- del avisaje de instituciones públicas como el Banco del Estado, la Polla Chilena de Beneficencia, etc., usando el mismo mecanismo que emplean los organismos ligados a la Concertación para hacerlo hoy en día: presentaban una carta de alguna autoridad y un “proyecto”, el cual una vez analizado por el directorio recibía una pequeña parte de lo solicitado como muestra de apoyo. Con ese sistema, la revista con mucha dificultad se convertiría en un superventas debido a su escaso tiraje y nula penetración social.
Por otra parte, la relación de dependencia progresiva de dicho grupo nacionalista con agentes de la seguridad estatal permitió que su estructura fuese utilizada para evitar la conformación de un partido nacionalista independiente de las directrices del Gobierno Militar: tal es el caso de la constitución del Movimiento de Acción Nacional (MAN), que fue visto como una amenaza a “las lealtades debidas a los salvadores de la patria”, razón por la cual se entorpeció su desarrollo hasta hacerlo inviable. Mucho después de desaparecer el MAN, se constituyó el partido Avanzada Nacional como el reducto oficial de los leales al -ya desaparecido- general. Lo extraordinario es que la información periodística señala que recibía financiamiento como partido antes de haberse constituido como tal.
M.R.N.S.
En lo referido al Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, los autores de las notas sobre los trascendidos judiciales incurren en varios errores de gravedad si su área es el “periodismo investigativo”, a saber:
• El MRNS se encuentra constituido desde 1952, por lo cual para su propia fundación no guarda ninguna relación financiera con el Gobierno Militar instaurado en 1973; en segundo lugar, tampoco fue financiado ni por la Secretaria General de Gobierno ni por Gremios como movimiento constituido, porque de haber recibido recursos de un porcentaje de la cuantía que se investiga, hasta podría haberse institucionalizado para competir en elecciones abiertas, lo que habría sido molesto para las propias autoridades superiores del régimen cuyo norte político difería totalmente de la doctrina del Movimiento. El MRNS se autofinancia, así ha sido siempre. Pretender que por haber contratado a sus militantes en diversas reparticiones públicas fuimos “financiados” por el régimen es lo mismo que afirmarlo hoy, de cualquier partido de la Concertación, y en este último caso, es totalmente creíble y mostrable.
• Por cubrir el área judicial, los autores deberían saber que es cosa juzgada que en relación con el homicidio del sindicalista Tucapel Jímenez, el MRNS no tuvo ninguna participación y que los culpables confesos -la gran mayoría militares- se encuentran cumpliendo sus respectivas sentencias, por lo cual falsear los hechos al decir que nuestro movimiento se encuentra “vinculado” a este delito.
• Nunca hubo esa “estrecha relación” con el Ejército como lo señalan, y tampoco el MRNS es una agrupación de “extrema derecha” como escriben por ignorancia. Si el Movimiento hubiese tenido el nexo intimista que se señala, los oficiales de Ejército que planearon “tan delicadamente” el homicidio no lo habrían usado torpemente para armar la operación de cobertura del delito. Anteriormente, hemos analizado, en un artículo, los objetivos que se cumplieron con esta acción.
• Misael Galleguillos Vásquez, nunca fue fundador del MRNS, aunque sí perteneció a la organización hasta su auto-marginación y posterior expulsión el 2004. Tampoco fue nombrado en el cargo de Secretario Nacional de los Gremios por el Gral. Manuel Contreras porque no era su facultad legal nombrar funcionarios ministeriales, y menos uno que se encontraba en un rango intermedio del escalafón.
• Durante su permanencia en Gremios, el ex camarada Galleguillos cumplió con las tareas que correspondían a las directrices del Supremo Gobierno, debiendo enfrentar la visión crítica sobre el sentido final de los objetivos del organismo estatal y del régimen Militar que se le hizo desde el interior del propio Movimiento; en razón de ello, numerosos camaradas dejaron de prestar apoyo entre 1978-1982 al régimen que reinstauraría en Chile la democracia representativa, pieza central de la crisis política que concluyó con el descalabro institucional durante la Unidad Popular. Desde 1983, Galleguillos y su grupo adoptaron el nombre de "Movimiento Nacional Sindicalista", denominación que conservan hasta hoy. Sólo el año 2000, un grupo de militantes críticos del Gobierno Militar tomó la decisión de reorganizar al MRNS hasta llevarlo a su estructura actual.
• El mayor (R) Raúl Lillo no ha pertenecido ni pertenece al MRNS, por lo que mal podría dar información veraz de nuestra institución.
• Álvaro Corbalán Castilla, ex jefe operativo de la CNI, nunca tuvo relación “estrecha” ni cercana con el MRNS -menos en plan financiero- por una razón muy simple: en los años que se investiga no necesitaba del Movimiento porque tenía su propio objetivo con Avanzada Nacional, y algunos nacionalistas dispersos -producto de la desintegración del MAN- a los que integró en su partido. Al constituirse Avanzada Nacional como el “partido nacionalista” del régimen, Misael Galleguillos, que figuraba nominativamente como “jefe nacional” de un grupo nacionalsindicalista, no era compañía adecuada para dicha tarea.
• Sobre que el sitio web Aspas (www.aspas.cl) “extrañamente dejó funcionar con motivo de tales pericias” no deja de causar hilaridad, porque hasta el 21 de enero de 2008 nadie en el Movimiento sabía de la tal investigación y sólo la lectura casual de un diario tan poco leído como La Nación de ese día, nos puso en antecedentes.
La Bridec puede investigar todo lo que desee al MRNS, pero desde ya -para colaborar- podemos informarle que le bastará designar a un solo funcionario, por unas cuantas horas, para hacer un análisis pormenorizado de nuestra contabilidad. Por lo cual el informe del perito que se menciona con presunciones incriminatorias o es falaz o nunca se ha hecho.
Loable es la tarea de la ministro Amanda Valdovinos al investigar en qué se usan los recursos del Estado, Dios le dé vida y salud para extender su investigación desde 1990 al 2007. En cuanto al periodista López Vergara, bien haría La Nación de enviarlo a un cursillo de redacción de noticias, con franquicia Sence para que sea todo legal.
Por nuestra parte, que el diario oficialista La Nación -a propósito ¿cómo se financia?- repita la maniobra de la Derecha de involucrar al MRNS en situaciones delictivas en que nunca ha participado y lo haga en tantos artículos es una señal que nos causa especial satisfacción.
Abstract: In the investigation into the use given by public authorities to the so-called reserved expenses, the official newspaper La Nación has been concerned with highlighting - using a crude "argumentative" architecture - what happened with said funds during the period of the Regime Military, in the now classic concertationist move of the "moral tie" that has given such good results, previously, with the Alliance. As an important condiment of the informative delivery, signed by Andrés López Vergara and L. Ayala, the MRNS appears as a possible accused. And to undo the mess of journalists, it is convenient to clarify the institutions and the facts.
Bibliografía:
• Diario La Nación, 16 de agosto de 2007.
• Diario La Nación, 12 de octubre de 2007.
• Diario La Nación, 19 de octubre de 2007.
• Diario La Nación, 02 de noviembre de 2007.
• Diario La Nación, 07 de diciembre de 2007
• Diario La Nación, 21 de enero de 2008
Artículo originalmente publicado en nuestro anterior sitio web www.aspas.cl (2004-2008), que luego sería reemplazado por https://mrns.cl.
