Mapa de países firmantes del CPTPP

CPTPP: fundamentos económicos y jurídicos para su repudio

Desde su concepción, allá por el 2002, como Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, sumándose luego -en 2005- Brunéi, dando forma al P4; pasando por la incorporación de Estados Unidos, que amplió su concepción original e incorporó mecanismos evidentemente en pro de sus intereses geopolíticos, hasta su salida en 2017 y la definitiva transformación en el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), este tratado multilateral de “nuevo tipo” -como veremos- no ha estado exento de controversias, y la reciente indicación de suma urgencia, a quince días del receso legislativo, sólo contribuye a dudar de los propósitos del gobierno de S. Piñera, porque este instrumento internacional es mucho más que un tratado de libre comercio.

A priori, este tipo de instrumentos, extensísimos, llenos de referencias cruzadas, incorporando -y, por ende, aplicando- otros instrumentos internacionales (a veces no suscritos por los propios participantes), llenos de excepciones, contra excepciones, suspensiones, reservas y otros mecanismos ad hoc, dificultan abordarlos de un modo que sea comprensible para cualquier persona, por lo que procuraremos, como ha sido la tónica de nuestras publicaciones, simplificar y traducir cierta terminología jurídica y conceptos económicos para su adecuado entendimiento. Todo, desde luego, debidamente fundado.

Esto es fundamental, ya que mucha de la información que circula, entre defensores y opositores, no está vigente o lisa y llanamente es errada, sea por sesgo, información falsa o insuficiente. Con todo, y pese a la discusión inmediata que requirió el gobierno el pasado 06 de enero (Boletín 12195-10), la no incorporación en tabla del proyecto de ley que ratifica el tratado (La Tercera, 2021) motivó que Piñera modificara la urgencia de la discusión a “suma urgencia”, entendiéndose pospuesta su discusión para marzo de este año (Ruiz-Tagle, 2021).

Todo el espectro político parece coincidir en lo “inoportuno” de someter a discusión (pese a su aprobación en la Cámara de Diputados…) en una situación de emergencia sanitaria y proceso constituyente, dentro de poco más de dos meses. Sin embargo, sus más acérrimos defensores argumentan que, sería acertado en términos económicos, dada la crisis en curso, con pinta de agravarse (Liberty TV, 2021). Es este, de hecho, uno de los principales argumentos: la urgencia económica de ratificar el tratado, pese a lo cuestionable de los impactos de su entrada en vigencia.

Centrémonos en este aspecto, pues, sin duda, será el principal argumento para presionar políticamente su ratificación, además que da ventaja a ciertos grupos, pues traslada la discusión a un plano donde pocos pueden intervenir y el empleo de tecnicismos y la invocación de informes -mayoritariamente en un “inglés técnico”- tornan dificultosa la cuestión.

¿Qué se ha dicho sobre el CPTPP, económicamente?

I. El impacto económico.

Estimación de efectos ingresos reales del cptpp en ChileEl primero de los aspectos que se destaca, es la supresión casi total de los aranceles sobre bienes y servicios, pero, a la vez, se incorporan cuotas comerciales recíprocas que, ciertos analistas norteamericanos, han identificado como “problemáticas”, por ejemplo, para su sector agroexportador, pues implicaría un aumento de costos para sus exportaciones, respecto a los tratados que ya tienen vigentes con otros Estados participantes del CPTPP, como ocurre con Canadá (Amadeo, 2020).

En esa misma línea, la proyección del impacto en el PIB no supera el 0,13%, siendo inferior incluso a lo que significó, por ejemplo, la comercialización del Iphone 5, que osciló entre 0,25-0,5%, según J.P. Morgan (Beachy, 2013). Estimaciones que los economistas del prestigioso Peterson Institute for International Economics (uno de los 10 centros de estudios más importantes de los norteamericanos), confirmaron tres años después (Schott, 2016).

Con el tiempo, estas estimaciones no han hecho más que confirmarse, considerando que Chile verá incrementado su PIB no más allá de 0,9% (Petri & Plummer, 2016), incluso teniendo pérdidas en el eventual escenario de incorporarse otros 4 o 5 países al tratado (Petri, Plummer, Urata y Zhai, 2017).

De hecho, a más de un año de su entrada en vigencia en algunos de sus Estados firmantes, ha sido imposible determinar qué tanto ha influido realmente el CPTPP en las economías de países como Australia, Canadá, Japón, Vietnam o Singapur; no sólo por resultados dispares (algunos han incrementado sus exportaciones, en tanto otros las han mantenido a los mismos niveles o incluso menos). Sus defensores señalan que, lamentablemente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ha traído efectos colaterales; a la vez que los tratados bilaterales ya vigentes (como entre Japón y la UE, desde principios de 2019), han influido considerablemente en las economías de la región (Caporal, 2019).

Sin embargo, para uno de sus más prolíferos defensores chilenos, Rodolfo Vilches, ex negociador de la “DIRECON” (ver nota 1), militante de Evópoli y que fue parte de las negociaciones del TPP, la ratificación del tratado beneficiaría a cerca de un millón de trabajadores (Vilches, 2021), pues “podría engendrar mayores empleos, especialmente en regiones agrícolas y pesqueras” (Morales, 2021). Pero esto no es efectivo, y ha sido estudiado y documentado en sentido opuesto (tendencia hacia menos empleos), por su propio sector (Domínguez, 2010).

Sobre salarios en específico, los trabajadores de mayores ingresos se verán mucho más beneficiados que aquellos más bajos; y si consideramos que el grueso de sueldos en Chile es muy bajo, entonces es esperable que la desigualdad se profundice. Es, en efecto, el escenario pronosticado para los trabajadores norteamericanos, en base al trabajo del economista David Rosnick (2013), del Center for Economic and Policy Research; cuya tesis también fue confirmada posteriormente: se incrementarán los salarios de trabajadores calificados, o profesionales, aumentará ligeramente la rotación de puestos de trabajos y precarizará aún más a los trabajadores no calificados (Petri & Plummer, 2016).

Esto los liberales lo saben, pero prefieren dejar estas materias en un segundo plano, enfocándose -como veremos- en las consecuencias geopolíticas.

Por último, los efectos en términos de aranceles e impuestos (IVA en específico), ya han sido estudiados por el Ministerio de Hacienda, confirmando aún más el acotado impacto -en términos económicos- que implica el CPTTP. Según este informe, para 2017, y en base a los acuerdos bilaterales ya existentes, las importaciones de los países firmantes del tratado, alcanzaron los USD 5.523 millones, de los cuales se recaudó fiscalmente, por concepto de aranceles, USD 41,4 millones y de IVA, USD 7,5 millones. De aplicarse el CPTTP, la reducción de la recaudación -el primer año- será de USD 763 mil (si, setecientos sesenta y tres mil dólares americanos) a USD 392 mil al octavo año (Cerda, 2018).

II. “TPP is more than a Trade Agreement”

Esquema política comercial de Chile hacia el exteriorEl TPP es más que un acuerdo comercial. Así tituló un artículo Scott Miller (2014), asesor en política económica del Departamento de Estado de los Estados Unidos y colaborador del Center for Strategic and International Studies. Para Miller, el TPP va más allá de beneficios económicos inmediatos para Estados Unidos o el hecho que proporcione un modelo para futuros acuerdos comerciales integrales a gran escala: es uno de sus tres ejes geopolíticos dirigidos a Asia.

Para reforzar su planteamiento, recuerda a Hillary Clinton y un artículo que publicó esta en la revista Foreign Policy: Estados Unidos debe profundizar sus relaciones con potencias emergentes del Asia, comprometerse en plataformas o instituciones multilaterales de la región y expandir el comercio. El TPP es la tercera arista, dado que las dos primeras se han visto, en mayor o menor medida, dificultadas por la influencia China. De hecho, la Secretaria de Estado de la época afirmó explícitamente: “Nuestro objetivo no es generar más crecimiento, sino uno mejor” (Clinton, 2011).

Luego, tras la decisión de Trump de retirarse del TPP (BBC, 2017), desde el Center for Strategic and International Studies, le “piden” al recientemente asumido presidente Biden, que se reincorpore al tratado para, entre otras cosas, confrontar a China que “está tratando de suplantar a Estados Unidos en el liderazgo regional”; y así -EE.UU.- afianzar su influencia en el indo-pacífico, promoviendo la incorporación de sus aliados en Asia al CPTPP (Goodman, 2020).

Antes siquiera de asumir el nuevo presidente norteamericano, ya se le sugería, como una alta prioridad, ratificar el CPTPP, pese a las nuevas disposiciones poco beneficiosas para su industria farmacéutica y sobre derechos de autor; pues su ausencia sólo daría más espacio a China, privándole de la hegemonía en la zona -que equivale casi a un tercio de todo el comercio mundial- e impidiendo reformular las reglas comerciales para la misma (Noland, 2020). Y esta "flexibilidad" en aceptar un trato "poco beneficioso" para sus intereses se entiende únicamente porque: a) el CPTPP es renegociable y b) Los propios norteamericanos saben que pueden presionar a los países por otras vías para lograr imponer su criterio. Así lo expresa K. William Watson (2016), del Cato Institute: "Se ha informado que Hatch puede estar tratando de asegurar un compromiso de la administración de que presionará a los miembros del TPP que brindan solo 5 años de exclusividad para que adopten "otras medidas" particularmente efectivas para lograr un resultado de 8 años cuando implementen el TPP. Incluso después de la implementación, la disposición servirá como un mecanismo para que el Representante Comercial de EE.UU. ejerza una presión continua sobre los miembros del TPP."

Por otro lado, en términos económicos, mucho más preponderante ha resultado el TLC denominado “Asociación Económica Integral Regional” (En inglés: Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), entre Myanmar, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam con Australia, China, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda; criticado por los norteamericanos por ser “menos jurídico, con reformas limitadas y progresivas” (Schott, 2018).

Pero sigamos. El planteamiento en torno al impacto más allá del comercio exterior, también ha sido reconocido y defendido en Chile. Por ejemplo, para Antonio Canale-Mayet (s/f), cientista político y miembro del Instituto Libertad, ante la pregunta sobre si es necesario o beneficioso para Chile, él responde: “sí, en la medida que se entienda que la adhesión no responde a un beneficio monetario directo, ya obtenido con los tratados bilaterales ya en vigor, sino como herramienta útil en relación a las necesidades de presencia política de Chile en el Asia-Pacífico, su influencia como país pionero en acuerdos comerciales y las ventajas competitivas y de creación de cadenas de valor transpacíficas que aprovecharíamos”.

En la misma línea, para el profesor Jorge Sahd (2018), abogado y director del Centro de Estudios Internacionales UC: “Quienes defendimos las ventajas del TPP desde sus inicios entendimos que el acuerdo iba mucho más allá del comercio tradicional. Se trataba de fijar los nuevos estándares para la economía del Siglo XXI”.

Parte de esos nuevos estándares es, en efecto, una profundización del libre mercado, buscando maneras de eliminar las medidas proteccionistas, considerando Sahd que el mecanismo para “protegernos” de las trabas regulatorias es, precisamente, aquel sobre solución de controversias que impone el CPTTP. Esto, desde luego, asumido desde una perspectiva privada y no desde lo público, y menos lo estatal.

III. Los problemas con el arbitraje internacional entre Estados e inversores.

Los propios norteamericanos reconocen que, Estados Unidos logró imponerse en las negociaciones con el sistema de arbitraje beneficioso para las empresas extranjeras por sobre las nacionales o los propios intereses estatales (Hastedt, 2018).

The United States won the battle over the Investor-State Dispute Settlement Mechanism. That gives foreign companies more rights to sue the government than domestic firms have” (Estados Unidos ganó la batalla sobre el mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados. Eso le da a las empresas extranjeras más derechos para demandar al gobierno que las empresas nacionales.) (Amadeo, 2020).

El problema del arbitraje internacional por conflictos entre Estados e inversores ha sido cuestionado hace años, principalmente por su efecto nocivo en la adopción de políticas públicas que los inversionistas consideran una amenaza, ya no sólo a sus inversiones, sino que a la expectativa de inversiones, constituyéndose en verdaderos mecanismos de injerencia política limitante, forzando a los Estados a adecuar su legislación de modo de evitar juicios costosos, riesgo financiero (el verse “mal visto” un Estado por maltratar a inversionistas nacionales de otro Estado), o político, por la pérdida de tiempo y recursos, limitando cualquier disposición legal con efecto económico o productivo que podría ser objeto de algún tipo de escrutinio financiero global, perjudicando al Estado en cuestión (Van Harten, G. & Scott, Dayna, 2016).

Es un hecho que la incorporación de los mecanismos SDIE, o ISDS por sus siglas en inglés, ha aumentado, siendo, actualmente, la regla general en cualquier tipo de instrumento internacional de tipo comercial. Consecuentemente, también se han incrementado la cantidad de juicios iniciados.

Gráfico de total de casos ingresados al CIADI a 2020Si revisamos las estadísticas del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias), dependiente del Banco Mundial y uno de los organismos preferidos por el CPTPP -además del CNUDMI-, esta tendencia al alza la encabezan regiones con preeminencia extractivista: Europa Oriental y Asia Central (26% del total) América del Sur (23%) y África Sub-Sahariana (15%), a la vez que 1/4 de los casos involucra materias primas (CIADI, 2020, 12).

Los defensores del CPTPP se afianzan en las experiencias anteriores del Estado de Chile en el CIADI que, con 4 demandas, 3 han sido resueltas favorablemente (Diario Financiero, 2021). Pero esto no nos parece serio sencillamente, pues es necesario revisar el plano completo y no únicamente “lo favorable”, especialmente si son pocos los casos de referencia y las estadísticas confirman que casi el 50% de los casos se resuelva a favor de los inversores reclamantes.

Para profundizar sobre este tema, recomendamos la lectura del trabajo de Cecilia Olivet y Pía Eberhardt (2013) titulado “La industria del arbitraje de inversiones: el lucrativo negocio de la injusticia”; del periodista Felipe Valenzuela (2016): “TPP y Sistemas de Arbitraje Inversor-Estado: La soberanía de los pueblos retrocede ante las transnacionales”, y de Martín Pastor (2019): “Juez y parte, el gran negocio detrás de los TBI”.

Para finalizar, si consideramos el reciente anuncio de los controladores franceses de la empresa "Nuevo Pudahuel" de recurrir al CIADI (Cabello, 2021), si se aplicaran las normas previstas en el CPTPP (es un supuesto...), resultaría altamente probable un resultado desfavorable para el Estado de Chile, pues los inversores podrían fundar su pretensión judicial en el pésimo control de la pandemia y cómo, por ello, se afectó su expectativa de ganancias. Digamos que no es muy difícil estructurar informes jurídicos y análisis económicos en ese sentido...

IV. Conclusiones

Nos hemos centrado en estos dos aspectos fundamentales, conscientes que existen otros tantos más e igual de importantes sin duda, como las adecuaciones del ordenamiento jurídico nacional, las consecuencias para el Internet libre, protección de datos, derechos de autor, etcétera.

Sobre estos temas ya han escrito José Gabriel Palma (2019), Rodrigo Muñoz Baeza (2019), Claudio Ruiz (2013), Francisco Vera (2013), Paula Correa (2015), Joseph Stiglitz (2015) y Hassan Akram (2019), por mencionar los más relevantes. Todos coinciden en el impacto político y la transgresión de la soberanía nacional. Nos contenta que se esté hablando de soberanía y cómo ésta se ve afectada por las decisiones políticas. Sienta las bases para discutir otros aspectos relacionados con ella: la explotación y cuidado de recursos naturales, estratégicos o no (soberanía territorial), las deficiencias de nuestro sistema económico y cómo el país es incapaz de "estar a la altura" de las exigencias internacionales que imponen este tipo de instrumentos (soberanía económica) o cómo no existe un mecanismo básico -digamos ya, ni siquiera una política de Estado-, como el que los propios norteamericanos emplean: la Trade Promotion Authority (TPA en inglés) o "Autoridad de promoción comercial", que posee objetivos definidos por su Congreso para delimitar el ámbito de negociación de su gobierno federal. Aún con cuestionamientos, al menos tienen "algo" para orientar su política exterior, más allá de lo que existe en Chile (soberanía política).

También nos gustaría añadir que la defensa que efectúan integrantes del actual gobierno y sus militantes, por muy economicistas que sean, se dan en un plano político, en una defensa ideológica de un modo de entender la sociedad toda y sus interacciones económicas, como bien han expresado nuestras camaradas (Jiménez, 2020).

Como hemos visto, el impacto económico es marginal y aunque se ratificara el tratado, el provecho para la recuperación económica necesaria tendrá efectos tardíos y, como si no bastara, insuficientes en un contexto de crisis como el actual. El CPTPP agravará el dumping social; no ha sido debidamente estudiado el impacto en las importaciones, pues los informes que existen se centran mayoritariamente en las exportaciones y sus beneficios para sectores muy específicos, reforzando el extractivismo. También faltan estudios de encadenamiento productivos para poder desarrollar una matriz de complementación comercial.

Los liberales han insistido mucho en las posibilidades que da el CPTPP sobre esto último, pero sin información precisa y vigente, ni políticas de Estado que apunten en esa dirección, es altamente improbable que haya inversiones privadas en sectores que, precisamente, potencien el desarrollo. Y es que es insostenible, por ejemplo, que la superficie de cultivos de trigo y maíz hayan disminuido un 13 y 34%, respectivamente, mientras la superficie destinada al arándano y cerezo aumentó 177% y 153%, reforzándose el monocultivo (Fernández, 2020)

Con todo, los impactos políticos son muchísimos más gravosos. Como vimos, la posibilidad de ser demandados en un procedimiento cuestionable es mucho más amplia que aquella que ya reconocen los actuales tratados, ya no por afectar intereses, sino incluso por poner en riesgo -mediante nueva legislación, políticas públicas, etc.- las expectativas de ganancias para empresas extranjeras, lo que es un elemento económico-financiero más amplio y difuso de sometimiento para Chile. Y bien vale recordar las palabras del ministro de relaciones exteriores, Andrés Allamand, a propósito del rechazo del Acuerdo de Escazú:

el acuerdo expone al país a la contingencia de demandas internacionales por razones ambientales, lo que desde nuestro punto de vista, particularmente considerando los términos de este tratado implica una afectación grave en materia de soberanía en materias que son fundamentales para el desarrollo” (Peña & Marín, 2020).

Si el principio es el mismo, ¿entonces por qué el CPTPP si y el Acuerdo de Escazú no?


Abstract: Since its inception, back in 2002, as the Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP), between Chile, New Zealand and Singapore, later joining -in 2005- Brunei, shaping the P4; through the incorporation of the United States, which expanded its original conception and incorporating mechanisms evidently in favor of its geopolitical interests; until its departure in 2017 and the definitive transformation into the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP); this "new type" multilateral treaty -as we will see- hasn't been free of controversies, the recent indication of extreme urgency, fifteen days before the legislative recess, only contributes to doubt the purposes of the government of S. Piñera, because this international instrument is much more than a free trade agreement.


Referencias (por orden de utilización):

Nota 1: La Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales es, desde julio de 2019, la sucesora de la DIRECON

Texto completo del CPTPP en español: https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/tratado-tpp11/texto-tpp-en-espa--ol-legalizado.pdf?sfvrsn=a29f4323_0

Capítulos del acuerdo: https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdo-transpacifico-tpp11/capitulos-del-acuerdo

Página general acuerdo: https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdo-transpacifico-tpp11

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La Tercera (2021,11 de enero) Mesa del Senado resuelve no poner en tabla proyecto que ratifica TPP-11. La Tercera. https://www.latercera.com/politica/noticia/mesa-del-senado-resuelve-no-poner-en-tabla-proyecto-que-ratifica-tpp-11/IQP2U7RHVVABLOTKANX5BHBM7M/

Ruiz-Tagle, Daniela (2021, 12 de enero) Senado no cede ante el Gobierno y posterga para marzo el debate del TPP-11. Radio Bio Bio. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2021/01/12/para-marzo-se-postergaria-debate-y-votacion-del-tpp-11-en-el-senado.shtml

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Jiménez, C. (2020) ¿La dictadura sigue vigente? mrns.cl1, pp. 29-32. ISSN 2735-6450 https://issuu.com/mrnschile/docs/mrns.cl_-_1 y https://mrns.cl/ideas/es/postdict

Fernández, R. (2020, 22 de junio) Agricultores admiten que el arándano dejó de ser “la niña bonita”. La Discusión. http://www.ladiscusion.cl/agricultores-admiten-que-el-arandano-dejo-de-ser-la-nina-bonita/

Peña, J. & Marín, V. (2020, 22 de septiembre) Gobierno ratifica que no firmará Escazú y sostiene que acuerdo aborda temas de forma "vaga y ambigua". El Mercurio. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/09/22/998630/Gobierno-rechaza-firmar-Tratado-Escazu.html

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