Una consigna que ha vuelto a tomarse las calles, a partir del Alzamiento Social de Octubre de 2019, expresa que aún vivimos en dictadura. Y es que pese a haber transcurrido más de 30 años, desde que asumiera el gobierno del demócrata cristiano, Patricio Aylwin, y pareciese lejana esa época de exacerbado anticomunismo, detenciones ilegítimas, torturas, desapariciones, toques de queda y presencia militar en las calles, ¿qué de cierto hay en esa consigna? ¿Hay una continuidad nítida entre la dictadura y la postdictadura? ¿debemos entender aquellas etapas políticas como si fueran dos épocas distintas de nuestra historia?
El profesor colombiano, Ricardo Sánchez, al abordar los conflictos armados y del narcotráfico de la Colombia contemporánea, señala que existe un contínuum en el postconflicto y la construcción de la paz duradera y, parafraseando a William N. Dunn, considera que debemos entender la política como un puente entre el pasado y el presente (Sánchez, 2016, p. 18)
De tal modo, si consideramos a la postdictadura como aquella etapa que sigue al régimen cívico-militar, marcando con punzón el 11 de marzo de 1990, fecha en la que el dictador entregó “la banda presidencial” a su sucesor -el uso del término no es casual-, el demócrata cristiano Patricio Aylwin, es forzoso relacionarla con todo lo anterior, incluida las violaciones a los derechos fundamentales.
Y lo dicho no es mero capricho. El sociólogo y ex demócrata cristiano, Felipe Portales, en el año 2000, en su obra “Chile: una democracia tutelada”, refería el dilema que enfrentaba la oposición a Pinochet en los 80: o rechazar el entramado jurídico-económico montado con la nueva Constitución, cuestionando su legitimidad; o lo aceptaba (tácitamente) al adoptar las reglas del juego impuestas en la misma, plebiscitándola. La primera opción implicaba un riesgo alto, cual era mantener a Pinochet en el poder hasta quién sabe cuándo; o bien, reducir dicho riesgo y negociar reformas -diremos: adecuaciones- a la constitución, de camino a un gobierno en manos, únicamente, de civiles (García, 2010, p. 86).
Siendo un “mal menor”, los aplastantes resultados del plebiscito efectuado el 30 de julio de 1989, se verían luego refrendados por aquellos de la elección presidencial de diciembre del mismo año. Pero el triunfo de Aylwin no implicó un nuevo Chile y los hechos del último trimestre de 2019, retomaron la consigna, pero en sentido opuesto: la alegría nunca llegó (Waissbluth, 2019).
De hecho, y retomando a Marcos García de la Huerta (Premio Nacional de Humanidades, 2019), este es enfático al afirmar que: “durante los gobiernos de la postdictadura (…) no intentaban construir el Estado haciendo tabla rasa de la institucionalidad heredada. Al contrario: la maldecían a voces, pero la aceptaban en silencio; se oponían a ella mientras se ajustaban a sus beneficios. Era un rechazo, por así decirlo, moral” (p. 85).
Esto se refleja, por ejemplo, en la mantención de lo que, la Fundación Sol, ha identificado como “los 11 pilares de la dictadura”: 1. El sistema tributario; 2. Sistema bancario; 3. Plan laboral; 4. Subcontratación; 5. Constitución; 6. Sistema de AFP; 7. Privatización y precarización de la educación pública (total); 8. Sistema de salud e ISAPRES; 9. Desnacionalización del cobro; 10. Privatización del agua; 11. Fomento de la explotación forestal (Kremerman, 2015).
Pilares todos que, durante los gobiernos de la postdictadura, prácticamente no fueron tocados, pese a ciertas adecuaciones, centradas en hacer “humano” lo ya existente, como ocurrió con la reforma al sistema de pensiones y la creación del “pilar solidario” (Jerez, 2019).
En efecto, dichas reformas no han resuelto el problema de la desigualdad, como declararía la propia presidenta Michelle Bachelet, en 2014, explícitamente: “debemos reconocer que no hemos logrado superar las grandes desigualdades que nos afectan, ni terminar con los privilegios y abusos en distintos ámbitos de nuestra vida y de la marcha del país” (p. 3)
Prosiguiendo con ello, estos pilares se refieren a cuestiones económicas que, constantemente nos han señalado, se deberían tratar de un modo distinto de lo político. Si nos quedáramos con este razonamiento, sería posible concluir que la dictadura y la postdictadura corresponden a dos épocas distintas, pues el régimen político cambió: se introdujeron partidos políticos antes proscritos o, más allá aún, en el año 2015, un partido con el nombre de “Revolución Democrática” se inscribió según las normas vigentes para entonces, de la Ley nro. 18.603 (en rigor desde el 23 de marzo de 1987 y firmada por Pinochet como presidente de la república).
Sin embargo, no podemos caer en el aquel axioma de la economía clásica, según el cual es dable aislar lo económico como un campo inteligible diferenciado de “lo político” pues, a la larga, implicaría justificar un límite a la “razón de Estado”, marginando al Estado del proceso económico -pese a intervenir en él, por las buenas o malas-, por poseer, lo económico, -supuestamente- una lógica específica, distinta de la política (García, pp. 79 y 81).
Consecuencia de ese pensamiento “diferenciador” es que lo económico -y el libre mercado, más bien- hayan sustituido al Estado, suplantándolo y convirtiéndose en la medida del buen gobierno, pues para ser tal, se requerirá el respeto de la libertad económica. Sin dicha condición, entonces habrá un mal gobierno; premisa que, en su minuto, el presidente norteamericano George W. Bush sintetizó, como parte de su estrategia de seguridad nacional, del siguiente modo: “En el siglo XXI sólo las naciones que compartan el compromiso de proteger los derechos humanos básicos y de garantizar la libertad política y económica podrán desatar el potencial de sus pueblos y asegurar su prosperidad futura” (2002).
Desde luego, marginar al Estado, como organización jurídico-política de la nación, implica segregar al poder soberano y, por ende, abstraerlo de todo juicio público. Ya no “juicio-legal” (privativo del Estado y la función jurisdiccional), sino juicio en tanto cuestionamiento o crítica siquiera, que pudiera efectuarse públicamente (García, p. 82).
De hecho, el propio García de la Huerta, realiza una comparación -acotada, pero relevante- al proceso de “construcción de Estado” a manos del neoliberalismo, colocando el caso de la Alemania de posguerra y Chile tras 1973. En ambos, el nuevo orden político se legitimó mediante la creación de la riqueza (García, p. 83), y aún hoy, los “defensores del modelo” se retrotraen a dicha época, ensalzando los “grandes resultados económicos”, eclipsando todo lo demás, desplazando a un segundo o tercer lugar, la descomposición de los cuerpos sociales de la nación, el exaltamiento del individuo en detrimento de lo comunitario, la privatización de empresas públicas, y, no menor, las violaciones a los derechos humanos (Fontaine, p. 247).
Con todo, para construir un Estado, necesariamente no debe existir Estado previo, o de existir, debe destruirse aquel; como ocurrió en el caso chileno de la mano de Pinochet y los “Chicago boys” (García, p. 90). De hecho, no sería hasta la marginación del General Leigh, en julio de 1978, y prácticamente toda la plana mayor de la Fuerza Área, que los neoliberales que integraban la dictadura, pudieron desarrollar, sin oposición alguna, sus planes para Chile.
Esta pugna es recogida por la profesora Verónica Valdivia Ortíz de Zárate, en su libro “El golpe después del golpe: Leigh vs. Pinochet, Chile 1960-1980”, identificando a un sector nacionalista presente en las Fuerzas Armadas, representado por Leigh, cuyas ideas eran más bien las de “imponer el orden, eliminar la amenaza marxista y convocar pronto a elecciones”, como consignara en una entrevista a una revista italiana, y que motivaría su separación de la Junta Militar (2003, p. 130), o su diseño y defensa del Estatuto Social de la Empresa, Decreto Ley cuya vigencia comenzó y terminó el mismo día que se publicó, y que contenía un planteamiento corporativista antiliberal (Bezanilla, 1995). Esa oposición también estuvo representada por el General Óscar Bonilla (Valdivia, 2001), quien, al igual que el General Augusto Lutz, morirían "en extrañas circunstancias" (Bonilla en 1975, y en 1974 Lutz).
Parece paradójico que “la libertad económica” se haya impuesto por el Estado -su peor enemigo, supuestamente- y de la mano de regímenes autoritarios. Sin embargo, es comprensible que aquello haya ocurrido así, puesto que el neoliberalismo reduce la libertad política a la libertad económica (como vimos, una no puede ser sin la otra e, incluso, son asunto de “seguridad nacional”), convirtiendo a las personas en animales labradores/consumidores (García, p. 92).
El triunfo de los neoliberales lo es respecto del Estado de Bienestar, contra el Estado “controlador” o “limitante” de la economía, desplazando su presencia a lo más mínimo. Lo hacen en un plano de amigo/enemigo y con una estrategia (Ibidem). Todo lo cual, recordando a Schmitt, no es sino político (1932, p. 57).
Ahora bien, vista la estrecha relación entre lo político y lo económico, y habida cuenta del mantenimiento -o hasta perfeccionamiento en algunos casos- del grueso de medidas impuestas en dictadura, ¿puede hablarse de la postdictadura como un momento histórico distinto de la primera? Pensamos que no. De hecho, ya en un plano de análisis político si se quiere, deben entenderse como un solo “bloque histórico”.
Hay un contínuum inexorable. El propio García de la Huerta lo explicita al señalar que: “El continuismo está, por demás, garantizado por un sistema de partidos burocratizados, endogámicos, incapaces de responder a las demandas de la población (…) renacieron de la dictadura con la misma mendacidad y con los mismos dirigentes, es decir, renacieron en estado senil” (p. 86); pese a que el propio Aylwin declarara en 1991 que la transición había terminado (Heine, 2001).
De hecho, en 1999, cuatro textos versaban sobre la misma materia: “La pata coja y la transición infinita”, Ediciones B, de Álvaro Briones, economista, exsubsecretario de economía y embajador, de distintos gobiernos de la Concertación; “El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa”, editado por LOM, de Paul Drake e Iván Jaksic, como compiladores; “La caja de pandora: el retorno de la transición chilena”, editado por Planeta, de Alfredo Joignant y Amparo Menéndez, como compiladores; y el ya mencionado “Chile: una democracia tutelada”, por Felipe Portales.
Aunque es comprensible dicha producción intelectual, de cara a las elecciones presidenciales que llevarían a Ricardo Lagos a ser el tercer presidente de la postdictadura, y el primero no demócrata cristiano, con estrecha diferencia de doscientos mil votos respecto de su contrincante, el UDI Joaquín Lavín.
Sería el mismo Lagos el que, a propósito de las reformas constitucionales del año 2005, nuevamente declararía el fin de la transición (BBC, 2005) pese a que dichas reformas, de modo alguno, tocaron siquiera el modelo económico, centrándose mayoritariamente en aspectos de la administración del Estado y la supresión de los senadores vitalicios e institucionales, por mencionar algunos ejemplos (Díaz, 2009).
Abstract: A slogan that has taken to the streets -starting with the Social Uprising of October 2019- expresses that we are still living in a dictatorship. And it is that despite having passed more than 30 years, since the government of the Christian democrat, Patricio Aylwin, took office, and that time of exacerbated anti-communism, illegitimate detentions, torture, disappearances, curfews, and military presence in the streets seemed distant, What truth is there in that slogan? Is there a clear continuity between the dictatorship and the post-dictatorship? Should we understand those political stages as if they were two different eras in our history?
Referencias (por orden de utilización)
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Waissbluth, M. (2019, 22 de octubre) La alegría nunca llegó. La Tercera [opinión] https://www.latercera.com/opinion/noticia/la-alegria-nunca-llego/873011/
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Bachelet, M. (2014) Mensaje presidencial. Biblioteca del Congreso Nacional. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/45293/1/20140521.pdf
Bush, G. W. (2002) Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos: una nueva era [Archivo web] https://web.archive.org/web/20081112134937/http://usinfo.state.gov/journals/itps/1202/ijps/ijps1202.htm
Fontaine, J. A. (1993) Transición económica y política en Chile: 1970-1990. Estudios Públicos, 50, pp. 229-279
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Bezanilla, M. (1995) El marco conceptual del Estatuto Social de la Empresa Chilena. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, XVI, pp. 55-71
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Schmitt, C. (1932) El concepto de lo político. Alianza Editorial. Ed. de 1991 en español, reimpresa en 2009.
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Díaz, J. M. (2009) La Reforma Constitucional del año 2005: contexto, impacto y tópicos pendientes. Actualidad Jurídica, Universidad del Desarrollo, 20, I, pp. 35-69
