Josefa Errázuriz ha entrado a engrosar la -para muchos deshonrosa- lista de alcaldes que han metido mano bruscamente en el funcionamiento de botillerías y locales nocturnos, desatando la molestia no solo de los comerciantes y trabajadores involucrados, sino de muchas personas, jóvenes y no tanto, que se sienten vulnerados en su deseo de pasar una noche de conversación, música o baile hasta la hora que estimen conveniente, y que no son de aquellos que causan desmanes o cometen delitos.
En la justificación de sus medidas, la Sra. Errázuriz buscó legitimarse en supuestas peticiones de cabildos vecinales y en estadísticas policiales, pero como parte de dicha información parecía no sustentar su posición, buscó apelar a la necesidad de modificar los hábitos de vida nocturna a los chilenos. Quizás olvida o ignora que hay sectores -como Manuel Montt- que funcionan con locales en relativa tranquilidad, según algunos por ser lugares frecuentados, en su mayoría, por extranjeros y connacionales de buenos hábitos. Quizás no se pensó en el aumento de fiestas en las casas, de las botillerías clandestinas o de "parrandas callejeras" en plazas y parques.
Se trata de un problema al parecer frívolo, pero que integra diversos aspectos de la convivencia, cuyo análisis resulta útil para quien desee organizar en justicia a la comunidad:
1.- La relación comercio-vecinos: se suele considerar que los vecinos, por el sólo hecho de tener domicilio registrado, son amos y señores de la comuna, pudiendo disponer del uso de los espacios como si se tratase de un condominio particular. Por otra parte, los comerciantes tienden a actuar sobre la base del chantaje económico, pues si se van ellos, también se van las patentes pagadas al municipio, el aumento de la plusvalía y las fuentes de trabajo asociadas.
En realidad, unos y otros integran la vida comunitaria, porque aportan al desarrollo de la localidad, y es por ello que deben ser integrados ambos a la toma de decisiones. En este aspecto, como hemos mostrado en artículos anteriores, el Nacionalsindicalismo es la única solución posible, pues ofrece representación organizada y deliberante tanto a los barrios como a los gremios laborales y productivos, permitiéndoles participar en la elaboración y aprobación de las medidas edilicias, logrando acuerdos sobre la base del diálogo directo y legitimado por las bases. Primarán las soluciones prácticas y no las manías ideológicas o el dinero que financia a los partidos.
2.- Un desarrollo urbano armónico: estimamos que dentro de cualquier ciudad los sectores dedicados a la recreación nocturna deben estar adecuadamente distribuidos, con el fin de evitar la formación de zonas de suciedad o desorden descontrolados, como fue el caso del desaparecido “barrio Suecia” y actualmente ocurre en determinados barrios de Recoleta, Pudahuel o Valparaíso. Como cada alcalde decide según el interés de sus votantes o su mero capricho, existiendo medidas muy restrictivas se termina por perjudicas otras comunas.
Lo anterior exige que intervenga el Gobierno regional, o una coordinación de municipios que integren la ciudad o metrópoli, pues sólo tales entidades poseerían la perspectiva amplia necesaria para fijar, igualmente con representación vinculante de comunidades económicas y vecinales, las zonas en las que se podría permitir preferentemente locales nocturnos masivos o potencialmente riesgosos, la cantidad máxima y la distribución de las botillerías, así como sus márgenes horarios mínimos y máximos -garantizando equilibrio entre la regulación y la libertad económica-, lo que debe quedar consignado en los planes regulares intercomunales, y con los necesarias clasificaciones, pues claramente un club de jazz o un restorán de alta cocina no son lo mismo que una discotheque o un “club nocturno”.
3.- La seguridad pública: este punto está muy vinculado con el anterior, pues si determinados vecindarios reciben una concentración desmedida de locales con venta de alcohol y diversión, es un escenario que fácilmente atraerá las peleas, el narcotráfico y la prostitución, perjudicando a los residentes. Por otro lado, un control desproporcionado generará fenómenos similares, pero de forma clandestina, dificultando el trabajo policial e incluso creando redes mafiosas -suficientes lecciones nos debería dejar aquí la Prohibición yanqui de los años 20.
En este terreno, los poderes municipales y regionales sólo pueden colaborar a la solución, mediante la adecuada planificación urbana y el fomento de la organización familiar vecinal para la prevención del delito, sobre todo en los adolescentes. Más allá, sólo cabe al Estado Nacional diseñar y aplicar una estrategia contra el crimen organizado, con todos los recursos disponibles, pero sólo ello es factible con un poder político libre de la presión del gran capital que termina siendo el gran pulmón tras carteles de población, cafiches de cabaret o turbios “productores de eventos”.
4.- Los hábitos de vida: este es otro de tantos intentos públicos y privados por lograr que la parranda nacional empiece y termine antes, tomando como siempre el exitoso ejemplo de otras latitudes. Pero para Chile se suelen olvidar dos factores fundamentales: primero, la herencia de las “fiestas toque a toque” de los 70 y 80 -que duraban toda la noche debido a los estados de excepción-, que se mantuvo en la práctica, con el agregado ahora justificado de la ya clásica “previa”. Segundo, la extensa jornada laboral chilena que impide a las personas relajarse “a lo primer mundo” durante la semana, por lo que muchos esperan al viernes para un jolgorio de grandes proporciones.
También cabe preguntarse si compete al municipio asumir una tarea tan vasta como cambiar la diversión de los chilenos, pues los modos de vida de la comunidad se desarrollan de a poco y espontáneamente, y no siempre reaccionan fácilmente a las pretensiones bruscas de ingeniería social. Sin embargo, lo anterior no nos impide admitir que el trasnoche nacional ha adquirido connotaciones insanas y perjudiciales a largo plazo para la salud pública y la vida familiar/comunitaria.
En nuestra opinión -y puesto que hemos ofrecido orientaciones para afrontar los problemas urbanísticos, vecinales y policiales asociados- la cuestión sobre los hábitos sólo puede ser afrontada mediante una labor educativa centrada en las familias y comunidades, difundiendo la moderación en el consumo de alcohol y el mejor aprovechamiento del tiempo libre, que puede ser promovida por el Estado o comunidades menores, pero cuya efectividad se mostrará si se internaliza en la enseñanza hogareña, con mayor urgencia en localidades con familias/comunidades vulnerables. La tarea de las policías es la lucha contra el crimen, no velar “que los niños se porten bien”.
Como se puede ver, la solución a éste y otros temas sólo pasa por un orden político orientado hacia la justa convivencia comunitaria, con participación permanente y una racional distribución de competencias entre los diversos niveles territoriales.