Una acusación conocida contra el Nacionalsindicalismo y, en general, contra la doctrina corporativa del Estado, es achacarle la finalidad expresa u oculta de suprimir el pluralismo político e ideológico mediante la eliminación de todos los partidos o el establecimiento de un partido único, invocando espuriamente la idea de unidad nacional contra el divisionismo encarnado en dichas organizaciones.
Como es sabido también, Jaime Guzmán utilizó de modo frecuente y mañoso aquel “argumento” en defensa de la “libertad política”, justo mientras sus acólitos gremialistas blandían el receso manu militari… cosas de la vida.
La acusación no deja de tener antecedentes presentes en la historia de los nacionalismos revolucionarios, sobre todo en el periodo entreguerras, pues no se puede desconocer que existió el afán, algo ingenuo, de que se podía imponer por decreto una falsa unanimidad nacional o de clase, desconociendo el hecho de que la libertad del Hombre siempre originará corrientes de opinión e ideologías, que sólo podrían eliminarse en un sistema de tiranía permanente. Pero ello no obsta a que permanezca nuestro rechazo a los Partidos como medios de participación y representación de la comunidad en el régimen político.
¿Por qué nuestro rechazo a la partidocracia? Esencialmente porque parte de una premisa falsa, cual es la existencia de una “voluntad general soberana” expresada mediante la “opinión pública”, que sólo podría formarse a través a partidos que la forman.
Como no es posible lograr la voluntad única del pueblo -aunque diversas tiranías han intentado crearla a la fuerza- los regímenes liberales juegan a formar una voluntad fraccionada proporcionalmente por medio del sistema electoral. Y como se trata, además, de elecciones de masas, la supuesta opinión pública sólo puede generarse gracias a los grandes medios de comunicación, cuyo sostén sólo es posible con sumas de dinero provenientes de la plutocracia, con lo que toda la democracia liberal se convierte en la fachada del mágico poder financiero.
Una opción que se ha hecho popular en el Estado de bienestar es que los partidos sean financiados con fondos públicos. Del secuestro de la democracia por el dinero pasamos a que la Comunidad toda sostenga la existencia y los privilegios de una casta parasitaria. No es nuestro camino, por cierto.
En un sistema corporativo y sindicalista, de ninguna manera las personas y los delegados de la comunidad dejarán de ser de “izquierda” o de “derecha” (en el sentido coloquial de esas categorías cada vez más anacrónicas) y podrán organizarse de cuantas formas estimen convenientes. Sin embargo, se tratará de asociaciones políticas que no tendrán función constitucional alguna, ni mucho menos privilegios para participar en los procesos electorales, reduciéndose su rol a desarrollar y difundir ideas y propuestas entre quienes se adhieran a las mismas, financiándose con los aportes de sus propios miembros.
No tendrán, por tanto, personalidad jurídica, sin perjuicio de que puedan organizar centros de estudios o fundaciones que estarán sometidos al régimen general del Derecho Civil, incluyendo la posibilidad de sancionar la aportación excesiva de fondos por ONG`s mundiales o gobiernos extranjeros, cuando se compruebe la intención de influenciar o desestabilizar la política interna.
Pero a lo anterior se puede objetar que, si no se prohíben los Partidos, éstos seguirán actuando y desvirtuarán el sistema corporativo.
¿Cómo evitar que se produzca una nueva partidocracia? Mediante el mandato imperativo y un mecanismo de elecciones indirectas, habremos de procurar que toda persona que ostente un puesto de representación en órganos colegiados (consejos locales, de corporaciones y Cámaras Nacionales), esté bajo la permanente dirección y observación de su desempeño por la organización básica que lo elige, aún cuando se trata de un mandato flexible, que debe facultar al delegado para seguir su criterio técnico o doctrinal cuando las bases no puedan formar una posición concreta sobre temas de particular complejidad.
El problema de la dependencia partidista también se puede presentar en quienes ostenten puestos de ejecución o conducción política (partiendo por el Jefe de Estado) donde la necesidad de una cierta discrecionalidad hace necesario restringir en parte la aplicación del mandato imperativo, puesto que resulta difícil que la tarea de liderazgo no pueda realizarse sin seguir una doctrina o conjunto de ideas (y la tecnocracia brutal de los últimos años es clara muestra de ello). Con todo, no vemos que se produzcan graves distorsiones de la participación social, pues los gobiernos locales y el central deberán poner en marcha planes y políticas que, aunque sean propuestos por ellos, serán discutidos, aprobados y fiscalizados por los delegados de los cuerpos sociales y corporaciones, y no como actualmente sucede, que los “think tanks” y otras instancias de la clase partitocrática imponen sus diseños a espaldas del pueblo y sin control alguno.
Aún con todas esas precauciones, nunca será posible suprimir que organicen plataformas en torno a las opciones de mayoría o minoría en las bases sociales y en los órganos políticos (la “prohibición del fraccionalismo” decretada por Lenin en 1921 llevó inevitablemente a la dictadura de los poderosos de turno), pero estimamos que dichas agrupaciones serán circunstanciales, unidas en torno a programas concretos de acción, lo que lejos de perjudicar al sistema político, le dará flexibilidad y centrará la discusión en torno a un sano equilibrio entre ideas motoras y argumentos técnicos, apartando las maquinarias manejadas mediante la “orden de voto”.
En síntesis, no es de nuestro interés -contra las mentiras liberales- suprimir pluralismo ideológico alguno, sino la constitución del parasitismo organizado que se atribuye la representación de la Nación y sus verdaderos intereses y opiniones. En eso si somos muy directos y se lo decimos en su cara a los politiqueros de profesión: ¡Son nuestros enemigos!
Artículo publicado originalmente en la revista Acción Directa Nº 26, agosto 2011.
