Hasta los años 80, las grandes tiendas no eran un fenómeno particularmente fuerte en Chile. Concebidas principalmente como negocios familiares, repartidos a través de regiones y utilizando mucha producción nacional, el comercio de entonces no tiene mucho en común con el que actualmente acosa a los consumidores, y con especial agresividad a nosotros, los jóvenes. En 1981 se inaugura el “Cosmocentro Apumanque” -actualmente en decadencia a pesar de una reciente remodelación- y en 1982 el Parque Arauco -también con escasa expansión actual dentro del territorio nacional.
El inicial esplendor de los mencionados locales caería en picada con la expansión de dichos centros desde la década de los 90, sobre todo con los “Mall Plaza” actualmente propiedad de Falabella, en la medida que el mall ya no era un privilegio del “cuico” sino que de toda la población, y en realidad así lo han previsto los gestores del proceso.
Por su parte, los supermercados fueron experimentando su propia transformación, pues pasaron en pocos años de ser bodegas roñosas llenas de abarrotes comunes a verdaderos palacios en los que se puede encontrar de todo. D&S -de la familia Ibáñez- y CENCOSUD -de Horst Paullmann- han sido los dos conglomerados que impulsaron este crecimiento, absorbiendo cadenas regionales, mejorando los propios locales, y ampliando las líneas de productos.
Actualmente Falabella, Cencosud y D&S -seguidos muy de lejos por el Grupo Saieh, La Polar y Ripley- son los grupos dueños de un vasto conjunto comercial que incluye supermercados (Jumbo, Líder, Santa Isabel), tiendas por departamentos (Falabella, Paris), grandes ferreterías (Easy, Homecenter Sodimac), todo ello con su corte de créditos y beneficios varios. Y ahí está lo fundamental, pues dichos negocios sólo resultan concebibles y rentables en el marco de economías de escala, y éstas requieren de grandes capitales. ¿Dónde surgió el dinero? Veamos.
El negocio del retail se maneja en una triple vertiente:
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Frente a los proveedores: Desde los tiempos de Mazinger Z, es conocido que las grandes tiendas y almacenes son malos pagadores con las PYMES, comprando a plazos de 60 a 90 días, mientras que los productos encargados deben ser puestos a disposición inmediatamente -con lo que ello implica para capitales muchísimo más pequeños. El asunto ha salpicado más de alguna vez, como fueron las denuncias formuladas ante la Fiscalía Nacional Económica contra CENCOSUD.
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Frente a los trabajadores: Por la razón de tener contratadas a tantas personas, los grupos dueños buscan todas las formas de eludir la legislación laboral. Son ejemplos claros de ello la subcontratación frecuente y la división de las razones sociales para impedir la negociación colectiva a nivel nacional, a lo que debe agregarse la precaria situación de cajeros y empacadores, muchos de ellos adolescentes, y sometidos a odiosos controles (en esto último D&S dicta cátedra al imponer a sus empleadores delirantes normas sobre su vida y presentación personal, haciendo gala de la beatería ramplona tan cara de la familia Ibañez).
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Frente a los consumidores: Como es usual en el caso chileno, nuestros llamados “emprendedores” prefirieron no arriesgar sus capitales y productos y crecer a costa de sus clientes gracias a la usura legalizada. La década de 1980 constituye un hito fundamental ya que ese año debuta la famosa tarjeta CMR Falabella, a la cual se sumarán todas las grandes casas comerciales y supermercados, incluso farmacias, como el caso de la Ahumada, propiedad de Falabella también.
Este frente de acción es el esencial. Si hay algo que odian en las grandes tiendas es el pago al contado (efectivo, cheque o Redcompra -tarjetas de débito-), pues el consumidor no adquiere compromiso alguno con la tienda, paga y se va, pudiendo volver cuando se le antoje.
Lo que se promueve por todos los medios habidos y por haber, es la compra a crédito, dando cientos de facilidades y supuestos “beneficios” de poca monta, cosa que se genere el endeudamiento perpétuo de las familias. Y dichas compras a crédito, que pueden comprenderse a la hora de la canasta del mes u otros artículos de importancia, adquieren un carácter de lacra social cuando comprenden todas las baratijas electrónicas imaginables, cuya posesión se promueve como de primera necesidad.
Y aquí retomamos algo que insinuamos anteriormente. El cliente de altos recursos, aquellos sectores que vieron nacer los primeros malls y Jumbos en Chile, es un cliente prescindible, pues paga al contado, muchas veces importa directamente y su nivel cultural le hace más inmune a necesidades artificiales, al menos en apariencia. El objeto de ataque siempre ha de ser el consumidor de población, el joven de la construcción, la madre soltera, el oficinista de bajo nivel educativo, a quienes se les abre el paraíso de una vida de pasillo con aire acondicionado y comida rápida. Eso puede explicar el lleno infernal que se ocasiona un domingo cualquiera visitando el Plaza Vespucio o Florida Center, más aquellas copias que van invadiendo las provincias, aniquilando el comercio local, ¿para qué sirven, si además, ahora, toda la ropa se importa barata gracias al trabajo esclavo del Asia?
Pero la cosa no termina ahí. No sólo te endeudas permanentemente, sino que si no pagas, te ejecutan -judicialmente al menos- lo que se traduce en que más de la mitad de los juicios civiles en Chile son los seguidos por las casas comerciales contra los deudores de las tarjetas de crédito, con todo lo que ello significa para el ya atascado sistema de justicia nacional. Se te embargan tus bienes necesarios hasta que saldes la deuda por algún televisor de plasma, a menos, claro, que estés dispuesto a “renegociar”, con lo que el círculo de la usura se mantiene a través del tiempo.
Ciertamente, muchos enfocan al problema desde un punto de vista moral o sociológico, incluso en nuestra izquierda contemporánea. Se lanzan gritos de condena contra el “consumismo” y la “mentalidad materialista” (lo que no deja de ser risa viniendo de los ex devotos del materialismo histórico...) y nosotros somos los primeros en reconocer que existe un problema cultural a solucionar a largo plazo. Pero ello no nos exime de enfrentar el problema económico-social que nos plantea el retail, y que ese enfrentamiento no pasa por un simple “más regulación” como suelen decir por igual socialdemócratas y liberales chilensis, sino por un planteamiento totalmente nuevo del mecanismo de producción, distribución y consumo, en suma, del sistema económico como un todo.
EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN
Respecto de los proveedores.
Como para el productor su dificultad radica en llevar los productos al comprador, nuestra tarea es eliminar la mayor parte de esas dificultades, propiciando la coordinación de los distintos gremios a escala regional y nacional, con el fin de aumentar su poder negociador frente al comercio, dando préstamos con cargo a la banca pública para adquirir bodegas, acceso a medios de transporte propios e, incluso, para constituir almacenes de propiedad de los respectivos gremios, manteniendo los capitales en sus regiones de origen, con lo cual se abaratan los costos, se evitarían muchas quiebras de empresas pequeñas y el precio final al consumidor terminaría disminuyendo.
Respecto de los trabajadores.
Las grandes cadenas constituyen un conjunto económico único, por lo que no hay razón lógica para que los trabajadores organizados no participen a ese nivel en la solución de los conflictos y en la reglamentación interna.
Por otra parte, las largas y agotadoras jornadas a las que son sometidos guardias de seguridad, cajeros o empacadores exigen, con toda razón, que sea la propia empresa la única responsable de sus derechos adquiridos por el trabajo, con lo que debe revisarse a fondo al régimen de subcontratación vigente en nuestras leyes, el cual no hace más que diluir las responsabilidades y dilatar los juicios laborales.
EN CUANTO AL CONSUMO
Aquí la solución debe ser radical, y consiste en acabar de plano con la usura en el comercio, o reducirla a su mínima expresión posible.
Los intereses por deudas de consumo deben rebajarse al mínimo que permita sortear la ganancia/perdida, la publicidad de las tarjetas de crédito debe disminuir y su posesión sólo puede otorgarse a personas de solvencia acreditada, excluyendo a menores de edad o personas sin patrimonio reconocido Y más aún, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia a las casas comerciales ejercer actividades de tipo bancario (como hacen ahora con todo descaro, ¿o no ha escuchado “Banco Ripley”, “Banco Falabella”, “Banco Paris”?) o que su propiedad se vincule a las entidades financieras.
Todo lo anterior tiene una raíz de principio muy clara: el comercio es simplemente una actividad destinada a acercar los productos al público consumidor, y la justa retribución para quienes empeñan trabajo y capital en este rubro no puede justificar una ganancia adicional derivada de un pago sujeto a plazo, pues la responsabilidad del cliente es pagar por el producto, no sostener con su propia liquidez un riesgo que no es suyo, sino del empresario (¿no hablamos tanto del riesgo empresarial? ¡que arriesguen entonces!)
Como muchas otras de nuestras proposiciones sectoriales, éstas se enmarcan en el combate frontal al poder financiero asentado en Chile.
Vislumbramos que, en un primer momento, pueden existir consecuencias no deseadas, como una inicial disminución en la oferta de bienes suntuarios, pero nuestra decisión política es posibilitar que el trabajo de los chilenos les permita, en primerísimo lugar, sostener una vivienda digna, alimentación mínima, y salud y educación para su descendencia, necesidades que anteceden a cualquier espejismo de consumo desaforado de DVDs, plasmas o Blackberries, que no hacen más que encubrir las lacras de la ignorancia, la drogadicción y la delincuencia en nuestros sectores más vulnerables.
