Lo que Piñera denominó la nueva forma de gobernar todavía parece no marchar. Razones hay muchas, y entre ellas hay una de más de 8 grados Richter, pero hay un fenómeno nuevo en relación con los 20 años anteriores: La casi total desaparición de los aparatos partidarios del estrellato gubernativo, lo que no nos debe extrañar demasiado, considerando la mentalidad tecnocrática o latifundista de la derecha chilena, poco dada a las orgánicas políticas y a las discusiones ideológicas.
Y ya que hablamos de lo tecnocrático, el gobierno recién iniciado ha hecho brillar con nuevo esplendor a los centros de estudios ligados a su sector, más conocidos como “Think Tanks”. No es que durante la Concertación no existieran, pues tenían clásicos como ProyectaAmérica, FLACSO, Chile 21 o Expansiva (ahora fagocitado por la Universidad Diego Portales), pero es con la nueva administración que estas pintorescas entidades se sienten -después de tanto tiempo- lo suficientemente envalentonadas para llevar el experimento neoliberal chileno a nuevas alturas de pureza, sin injertos de “socialismo renovado” a lo tercera vía.
¿Y que demonios son los think tanks? Puesto que siguen siendo una realidad desconocida para muchos compatriotas.
Se trata de centros de estudio, análisis y propuesta de políticas públicas en diversas áreas, teóricamente independientes, pero que tienen vinculaciones ideológicas o partidistas muy evidentes para ser pasadas por alto.
Generalmente se organizan al estilo de una fundación, con un presidente y directorio que velan por el respeto a “la idea matriz”, y un director ejecutivo que ejerce el mando diario. A partir de allí se establecen comisiones o equipos de trabajo por áreas: legislativa, gobiernos locales, pobreza, seguridad nacional, etcétera; los cuales producen continuamente informes y propuestas, generalmente bajo la forma de “papers” y ocasionalmente publican libros que recopilan artículos varios, curiosamente sin intentar una elaboración doctrinal que explique sus verdaderas líneas de pensamiento.
La tarea de los think tanks es doble: por un lado, suplen la carencia de expertos y de programas en los equipos ministeriales y en los partidos políticos gobernantes, convertidos en meras cajas de empleos y acarreo. Por otro lado, hacen la misma pega, además de la generación de ideas y conceptos motivacionales, en los grupos de oposición, en una versión alternativa de los “gabinetes en la sombra” del parlamentarismo inglés.
En el nuevo gobierno, son tres las principales instituciones de este tipo que se están cebando con los sillones del barrio cívico -haciendo aparte al amo de los think tanks y de las encuestas: El Centro de Estudios Públicos (CEP): Instituto Libertad y Desarrollo y Fundación Jaime Guzmán.
El primero está ligado a RN y su figuración pública no es muy bulliciosa, mientras que los otros dos -ligados a la UDI- son mucho más mediáticos, el segundo (Libertad y Desarrollo, LyD) por su activa labor en la discusión parlamentaria de los proyectos de ley y el tercero (Fundación Jaime Guzmán, FJG) por su trabajo entre universitarios y profesionales jóvenes con “vocación de servicio público”. No en vano los directores de LyD Cristian Larroulet y de la FJG, Miguel Flores, han llegado a la cumbre del Gabinete Piñera, y se trata en ambos casos de fanáticos defensores de lo que siguen llamando “sociedad libre y responsable”, entelequia que todavía esperamos nos expliquen exactamente qué es.
No se puede negar que tienen puntos fuertes a su favor, particularmente su capacidad de reclutar elementos académicamente destacados de las principales universidades y del mundo privado, quienes desarrollan un trabajo de calidad, motivados ya sea por la obcecación ideológica (los menos), el ánimo de carrera (los más) o un vago ánimo de filantropía estatal (algunos). Además, el patrocinio que obtienen del capital financiero o de instituciones extranjeras (por ejemplo, la Fundación Konrad Adenauer) les ofrece recursos y contactos al más alto nivel.
El gran problema de estas organizaciones -y que parecen no apreciar los mercenarios del sistema- es que, en la medida que van asumiendo un rol creciente de generación de ideas y proyectos políticos, van haciendo evidente la inutilidad de los partidos como “articuladores de opinión pública”, la inexistente participación de la comunidad en la definición de las políticas, la degradación de la ley como “expresión de la voluntad popular”, etc. Pero hay algo más terrible: que es el cada vez más mayor aislamiento de esa pseudo élite tecnocrática de la realidad nacional, algo que se está apreciando con las nuevas autoridades y su incapacidad para conectarse con la realidad de familias y pobladores… y la cosa se pondrá fea -o delicada, para no ofender- cuando el movimiento laboral y estudiantil comience a desplegarse.
Y si vamos más profundo, podemos apreciar que la falla crítica del sistema político actual en este punto es la incapacidad de las estructuras de dirección del Estado para retroalimentarse de los conocimientos y habilidades dispersas por toda la comunidad, empleándolas en beneficio de la misma, porque no existen canales institucionales que permitan a esos cientos de profesionales, técnicos y trabajadores calificados con interés de servir a la Nación llegar a los puestos de dirección y altas asesorías por sus solos méritos y virtudes personales; por lo que deben integrarse en organizaciones hechas a gusto de la oligarquía que puede sostenerlas, aceptando sus imposiciones ideológicas e intereses, todo ello en perjuicio de Chile.
Una reacción demagógica -muy común en ciertos grupúsculos- es pretender que los Estados se pueden gobernar con el puro voluntarismo de caudillos o de la masa azuzada por éstos, como se está dando particularmente en algunos gobiernos de la región. Cualquier Estado necesita equipos humanos calificados para la implementación de las decisiones tomadas por el mando político (unipersonal o colegiado), y el error es la forma como el liberalismo actual lo está haciendo, ante lo cual existe una respuesta.
La respuesta racional, natural y lógica pasa porque todos los órganos del Estado, comenzando en la comuna, incorporen mediante mecanismos electivos a los elementos más destacados de cada unidad territorial, donde podrán aportar sus diversos talentos, incorporar a otros elementos a los puestos técnicos, todos ellos sometidos al control popular transparente, sin perjuicio de que los ciudadanos formen diversas asociaciones libres dedicadas al estudio de diversos temas políticos y económicos. Y el proceso se va replicando en los escalones superiores del ordenamiento institucional: Regiones: congreso, gobierno, servicios públicos descentralizados, etc., de tal forma que a la cumbre habrán de llegar los más capacitados.
Por otra parte, no desconocemos que la alta dirección del Estado tiene dos vertientes: la formación de equipos políticos de origen eminentemente popular, donde naturalmente priman los criterios de afinidad política y confianza personal, avocados a la toma de decisiones generales; y los equipos ejecutivos, que tienen por misión implementar políticos sectoriales especificas, y es ahí donde las capacidades técnicas son decisivas. En estos casos debe regir rigurosamente el sistema concursal público, meritocrático (dependiendo de qué profesional o qué técnico se busca), sujeto a normas claras y, en particular, a revisiones periódicas que acrediten la no infección con criterios extra-técnicos.
Que quede clara una cosa: no estamos en contra de los centros de estudio, ni de sus particulares formas de organización, pues son parte de la libertad asociativa y de la creatividad colectiva, sino de que, merced a los manejos de la plutocracia, se conviertan en instancias de decisión sobre grandes temas que nos afectan a todos, sin consultar al pueblo de forma alguna, sin control sobre su independencia o su integridad moral.
